El derecho laboral a la «caza» de la era del conocimiento, a propósito de aplicaciones como: Uber, Go, Glovo, Pedidos Ya, Rappi, etc.

Sumario: I. Introducción. II. ¿Qué es la economía de plataformas? III. La relación entre los prestadores de servicios y las plataformas. El caso de Uber, Rappi, Glovo y PedidosYa. IV. El art. 23 de la LCT. V. Contratos comerciales de agencia, comisión o innominado. VI.Principio de reserva y la ausencia de la calificación legal. VII. Ley de apoyo al capital emprendedor y régimen de promoción de la economía del conocimiento. Nuevos tiempos. VIII. Jurisprudencia local y comparada. IX. Conclusión. X. Bibliografía. XI. Jurisprudencia. 

Por José P. Sala Mercado (*) y Juan A. Rodríguez Cuenca (**) 

I. INTRODUCCIÓN 

Las plataformas digitales están abriendo el escenario para un sinnúmero de planteos jurídicos que obligan a los operadores jurídicos y comerciales a repensar las categorías tradicionales de contratación. 

La llamada «economía de plataformas» se ha instalado a nivel global generando modelos de negocios hasta el momento inexistentes y cuyo éxito, en muchos casos, es notorio. Como contrapartida, dicho éxito, trajo aparejado diversos cuestionamientos jurídicos y, entre ellos, aquellos que provienen desde el ámbito del derecho del trabajo. 

Se analizará entonces la relación entre los prestadores de servicios y las plataformas, a 

efectos de determinar si estamos frente a un vínculo de naturaleza comercial conforme al Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante «CCCN») o laboral en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744 (en adelante «LCT»). Para ello, describiremos las principales características de estos modelos de negocios; y luego analizaremos algunas pautas de la relación a la luz del plexo normativo argentino a los efectos de su posible calificación. 

II. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS? (1) 

Utilizamos este término para referirnos a un fenómeno que engloba a distintos modelos de negocios, tales como: 

1. Economía colaborativa: modelos de negocios basados en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales, a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. Ejemplos: «Mercado Libre, Airbnb, BlaBlaCar, Letgo, Ideame», entre otras. 

2. Economía bajo demanda o gig economy: modelos de consumo y oferta de servicios a través de la intermediación entre profesional y consumidor, a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. Ejemplos: «Uber, Rappi, Glovo, Iguanafix», entre otras. 

3. Economía de acceso: modelos en los cuales la empresa pone a disposición de los usuarios un conjunto de bienes para su uso temporal, adaptándose al uso de tiempo efectivo y, asimismo, con flexibilidad en la localización de los espacios.La plataforma presta el servicio subyacente en forma centralizada. Ejemplos: «WeWork, La Maquinita», entre otras. 

4. Plataformas «responsables» y/u «orientadas al bien común»: Mediante estos modelos se fomenta el desarrollo de recursos de propiedad común y accesible para la comunidad sin restricciones. Ejemplos: «Wikipedia, Loconomics, Goteo», entre otras. 

III. LA RELACIÓN ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y LAS PLATAFORMAS. EL CASE DE UBER, RAPPI, GLOVO Y PEDIDOSYA. 

Sin pretender extendernos respecto al funcionamiento de cada una de las aplicaciones móviles mencionadas, podemos decir que son empresas que proveen intermediación (plataforma) entre la oferta y la demanda de servicio de transporte y cadetería. 

Se plantea en este punto si a la relación entre el titular de la plataforma y el prestador del servicio que facilita la misma corresponde calificarla como de trabajo o, en su caso, como una relación mercantil. 

En cuanto al vínculo laboral, decimos que para que se configure debe presentarse, necesariamente en los hechos, la subordinación como nota típica del contrato de trabajo. Doctrina y jurisprudencia se han encargado de delinear los contornos de la subordinación en el ámbito laboral, expresando pacíficamente que deben confluir: i) Dependencia jurídica: materializada en el poder de dirección del empleador y de sustitución de la voluntad del empleado; ii) Dependencia económica: ajenidad en el riesgo y remuneración como principal fuente de ingresos del trabajador; y iii) Dependencia técnica:a través del poder de organización del empleador (2). 

Si bien habrá que estar a lo que ocurra en el caso concreto y a las características propias de la 

relación entre el prestador y la plataforma, entendemos que, en la actualidad, tienen lugar una serie de elementos que nos permiten brindar algunas pautas generales para encuadrar debidamente la relación «a priori». 

1) En primer lugar, cabe destacar que a los prestadores del servicio ofrecido por las plataformas, por ejemplo Uber o Go, les asiste la discrecionalidad de tomar o rechazar los viajes sugeridos por el algoritmo, o desde otro costado, no se encuentran obligados al deber de diligencia y colaboración en los términos del art. 84 LCT. Conforme a ello, la cantidad de viajes, los horarios y días de conexión con la plataforma, son exclusivamente fijados por el prestador. Desde otro costado, podemos decir que no existe el derecho por parte de la plataforma de exigir a los prestadores que tomen los viajes. Ahora bien, naturalmente, el algoritmo posicionará a quien acceda a mayor cantidad de viajes y conforme su mejor puntaje, por encima de aquellos que se rehúsen a viajar. Ello es obvio teniendo en cuenta la libre competencia entre prestadores que permite al usuario, en el caso de uber, optar por uno u otro prestador en razón del puntaje otorgado por la plataforma. 

Si consideramos que la obligación de prestar servicios por parte del trabajador es esencial en el contrato de trabajo, podemos decir que, en principio, esta circunstancia es una muestra clara de la libertad de acción del prestador y de la no laboralidad del vínculo. Asimismo, se puede advertir que no existe poder de dirección de las plataformas por cuanto, en principio, no obligan a los prestadores a mantenerse conectados o a disposición de la misma. Todo ello sin perjuicio de que el mayor nivel de conectividad y la mayor cantidad de pasajeros transportados, como las mejores puntuaciones otorgadas por estos usuarios al servicio prestado, posicionarán al prestador en mejor situación respecto de sus competidores.Asimismo, los prestadores de servicios no solo tienen la facultad de conectarse en el momento que lo deseen, sino que también se encuentran facultados a hacerlo en el lugar que más les convenga de acuerdo a su situación personal, sin que la plataforma tenga derecho a exigirle permanecer y/o prestar servicios en un lugar determinado. 

Se objeta que la facultad de aceptación o no de los viajes se encuentra acotada en tanto aquellos prestadores que no toman determinado número de viajes son «dejados de lado» e inclusive dados de baja de la plataforma (3). Ahora bien, respecto a este argumento, cabe responder que esto no es un indicio de laboralidad, pues bien puede ser considerado una característica presente en los contratos de comercialización basadas en el volumen de ventas o prestaciones. Cabe tomar por caso un contrato de agencia en el cual, el agente, se obligue a promover los negocios del preponente o empresario, sin que ello implique en modo alguno relación laboral entre las partes o siquiera un indicio de la misma (art. 1479 CCCN). 

Mas allá de lo lógico que resulta que el algoritmo mediante el cual opera la plataforma ralentice la cuenta de aquellos prestadores que no la utilizan con frecuencia, entendemos que de todos modos esta circunstancia en modo alguno le imprime a la relación notas de un vínculo dependiente. 

2) Quien presta el servicio es propietario de los medios de los que se sirve para realizar la actividad y debe cargar con todos los costos, riesgos y requisitos que dichos medios acarrean: combustible, mantenimiento, habilitaciones, seguros, teléfono, entre otros. Son responsables directos por los daños ocasionados. Este elemento también resulta clave, toda vezque demuestra que el prestador asume los riesgos que trae consigo el desempeño de su actividad y con ello desplaza la ajenidad de los mismos que debe imperar en una relación laboral.Tal es así que, a modo ilustrativo, en la provincia de Mendoza se dictó la Ley N° 9086, que permite y 

regula el transporte a través de plataformas electrónicas (art. 52 y ss), establece obligaciones a cargo de los socios conductores que se encuentran estrechamente vinculadas a su calidad de autónomos. En tal sentido, el art. 59 de dicha normativa establece: «Obligaciones de los permisionarios: a) Abonar la tasa de inscripción asociada al permiso de explotación definido en el artículo 53 de la presente, dicho valor será definido anualmente por Ley Impositiva; b) Mantener el vehículo prestador del servicio en perfecto estado de funcionamiento; c) Realizar la inspección técnica periódica del vehículo en el plazo que disponga la reglamentación; d) Presentar anualmente ante la Autoridad de Aplicación, los certificados que acrediten que se encuentra al día con las obligaciones tributarias y previsionales propias y/o de sus conductores, según corresponda. e) Contar con una póliza de seguro contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductor y pasajeros en una modalidad de transporte oneroso. f) Garantizar que los vehículos cuenten con los requisitos de seguridad establecidos por la Ley No 9.024. g) Constituir domicilio en la Provincia de Mendoza y designar un representante, apoderado o encargado de negocios que tenga residencia permanente en la Ciudad de Mendoza.Si el titular de la Empresa de Red de Transporte fuera una persona jurídica privada constituida en la República Argentina, pero no en la Provincia de Mendoza y, las constituidas en el extranjero; deberán, además, establecer sucursal en jurisdicción de la Provincia de Mendoza, e inscribir la misma en el Registro Público a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, cumpliendo con las exigencias y requisitos que a tal fin, fija dicha repartición.» Por su parte, si bien esta ley no encuadra la relación, entendemos que brinda elementos necesarios para inferir la calidad de independiente de los socios conductores. 

Desde otra óptica, se ha sostenido que esta circunstancia funciona como un indicio de fraude laboral por parte de las plataformas a modo de evitar cualquier conducta que implique reconocer que existe relac ión laboral con los prestadores. Al respecto, entendemos que este argumento está viciado por un error lógico de petición de principios, es decir, se asume en una de las premisas que la relación es dependiente, y por tanto, la conducta de la plataforma constituye un indicio de fraude a la ley. 

3) Otro elemento a tener en cuenta, y que muchas veces resulta soslayado en este tratamiento, es que los prestadores pagan una comisión a la empresa que provee la plataforma por el uso de la misma. En tal sentido, dicha circunstancia aleja aún más al vínculo de un posible encuadramiento como laboral, ya que no es concebible que bajo una relación jurídico dependiente el trabajador deba abonarle al empleador una suma en concepto de uso de los recursos de los que se vale para realizar sus actividades. 

Asimismo, no existe obligación de pagar suma alguna por parte de la plataforma en concepto de remuneración (art. 74 LCT), vale decir, que si el prestador no realiza ningún viaje, la plataforma nada tendrá que abonar al mismo.De este hecho se puede advertir claramente que el prestador asume el riesgo y los frutos de su actividad, lo cual resulta inconcebible en un contrato de trabajo. Más aun, el que paga por el servicio de transporte o cadetería es el usuario o consumidor final, no existiendo pago alguno de la plataforma al prestador. En todo caso, si el pago se realiza con tarjeta en la plataforma, existe una gestión de cobro de la plataforma por cuenta y orden del prestador, lo que luego quedará riesgos y requisitos que dichos medios acarrean: combustible, mantenimiento, habilitaciones, seguros, teléfono, entre otros. Son responsables directos por los daños ocasionados. Este elemento también resulta clave, toda vez que demuestra que el prestador asume los riesgos que trae consigo el desempeño de su actividad y con ello desplaza la ajenidad de los mismos que debe imperar en una relación laboral. Tal es así que, a modo ilustrativo, en la provincia de Mendoza se dictó la Ley N° 9086, 

que permite y regula el transporte a través de plataformas electrónicas (art. 52 y ss), establece obligaciones a cargo de los socios conductores que se encuentran estrechamente vinculadas a su calidad de autónomos. En tal sentido, el art. 59 de dicha normativa establece: «Obligaciones de los permisionarios: a) Abonar la tasa de inscripción asociada al permiso de explotación definido en el artículo 53 de la presente, dicho valor será definido anualmente por Ley Impositiva; b) Mantener el vehículo prestador del servicio en perfecto estado de funcionamiento; c) Realizar la inspección técnica periódica del vehículo en el plazo que disponga la reglamentación; d) Presentar anualmente ante la Autoridad de Aplicación, los certificados que acrediten que se encuentra al día con las obligaciones tributarias y previsionales propias y/o de sus conductores, según corresponda. e) Contar con una póliza de seguro contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductor y pasajeros en una modalidad de transporte oneroso.f) Garantizar que los vehículos cuenten con los requisitos de seguridad establecidos por la Ley No 9.024. g) Constituir domicilio en la Provincia de Mendoza y designar un representante, apoderado o encargado de negocios que tenga residencia permanente en la Ciudad de Mendoza. Si el titular de la Empresa de Red de Transporte fuera una persona jurídica privada constituida en la República Argentina, pero no en la Provincia de Mendoza y, las constituidas en el extranjero; deberán, además, establecer sucursal en jurisdicción de la Provincia de Mendoza, e inscribir la misma en el Registro Público a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, cumpliendo con las exigencias y requisitos que a tal fin, fija dicha repartición.» Por su parte, si bien esta ley no encuadra la relación, entendemos que brinda elementos necesarios para inferir la calidad de independiente de los socios conductores. 

Desde otra óptica, se ha sostenido que esta circunstancia funciona como un indicio de fraude laboral por parte de las plataformas a modo de evitar cualquier conducta que implique reconocer que existe relación laboral con los prestadores(4). Al respecto, entendemos que este argumento está viciado por un error lógico de petición de principios, es decir, se asume en una de las premisas que la relación es dependiente, y por tanto, la conducta de la plataforma constituye un indicio de fraude a la ley. 

3) Otro elemento a tener en cuenta, y que muchas veces resulta soslayado en este tratamiento, es que los prestadores pagan una comisión a la empresa que provee la plataforma por el uso de la misma. En tal sentido, dicha circunstancia aleja aún más al vínculo de un posible encuadramiento como laboral, ya que no es concebible que bajo una relación jurídico dependiente el trabajador deba abonarle al empleador una suma en concepto de uso de los recursos de los que se vale para realizar sus actividades. 

Asimismo, no existe obligación de pagar suma alguna por parte de la plataforma en concepto de remuneración (art.74 LCT), vale decir, que si el prestador no realiza ningún viaje, la plataforma nada tendrá que abonar al mismo. De este hecho se puede advertir claramente que el prestador asume el riesgo y los frutos de su actividad, lo cual resulta inconcebible en un contrato de trabajo. Más aun, el que paga por el servicio de transporte o cadetería es el usuario o consumidor final, no existiendo pago alguno de la plataforma al prestador. En todo caso, si el pago se realiza con tarjeta en la plataforma, existe una gestión de cobro de la plataforma por cuenta y orden del prestador, lo que luego quedará materializado en la liquidación en cuenta que aquella le hará a éste previa retención de la comisión. 

Se replica que el prestador no está en condiciones de fijar en forma libre la tarifa, la cual muchas veces es impuesta por la plataforma. Es correcto, pero ello no implica que la fijación de la tarifa por parte de la plataforma se pueda considerar como un indicio de dependencia 

técnica. Ello por cuanto la tarifa se encuentra fijada por la plataforma en base a un cálculo efectuado de «punto a punto» a efectos de favorecer el intercambio transparenteentre prestador del servicio y el consumidor o usuario. Sería inconcebible bajo este modelo que el prestador pudiera fijar discrecionalmente una ruta o una tarifa que no sea la más conveniente para ambas partes. Cabe recalcar que esta transparencia es uno de los puntos que hacen atractivos estos modelos a los usuarios que no se encuentran a merced de un prestador que actúe a total discrecionalidad. Pero esta falta de discrecionalidad total por parte de los prestadores en modo alguno los convierte en trabajadores dependientes. 

4) Por otro lado, debemos decir que los prestadores no se encuentran obligados por el deber de no concurrencia estipulado en el art. 88 de la LCT. En tal sentido, los prestadores tienen plena libertad para prestar servicios en plataformas distintas e incluso competidoras.Al respecto cabe referir que las plataformas no impiden que los prestadores se desempeñen en otras plataformas ni controlan este hecho por lo cual al no exigir ni poder exigir esta conducta por parte de los prestadores mal podemos entender que estamos frente a un vínculo laboral. 

5) Se suele referir que las plataformas realizan un proceso de selección del personal que presta servicio en las mismas. En relación a ello, es necesario aclarar que, en un proceso de selección de personal, se realizan entrevistas personales y se tienen en cuenta no solo características objetivas del candidato (nivel de aptitud para el puesto, conocimientos técnicos, años de experiencia, etcétera), sino también elementos subjetivos tales como la predisposición, actitud, uso del lenguaje, entre otros, que muchas veces pueden ser incluso más importantes que las credenciales académicas del postulante. Esto hace al vínculo «intuitu personae», característica presente entre trabajador y empleador en la relación de trabajo. 

En contrapartida, las plataformas se limitan a corroborar una serie de parámetros objetivos con un mecanismo lógico de modo tal que todo aquel que alcance cumpla ciertos criterios, inmediatamente es aceptado y, de lo contrario, se lo rechaza. Como se puede advertir, en estos casos no existe vínculo personal de ningún tipo. 

6) El vínculo personal también se desdibuja notoriamente en el hecho de que no existe re- direccionamiento de la clientela por parte de la plataforma, tal como existe en una agencia de taxis o remis, situaciones que incluso tampoco constituyen una relación de trabajo. El algoritmo, basándose en criterios objetivos de distancia, puntaje, etc., parámetros pre establecidos que el prestador conoce y libremente consiente, se limita a enviar una señal a un prestador de que un usuario solicita un servicio y, el prestador, por su parte, decide si acepta o no realizarlo.Ahora bien, por la semejanza fáctica que puede darse entre la relación que venimos analizando y la relación entre una agencia de remis y un chofer de remis, resulta de interés hacer referencia a lo resuelto por la jurisprudencia respecto al encuadre de esta última relación. En tal sentido, la Sala Décima de la Cámara del Trabajo de Córdoba sostuvo que no existe relación laboral entre el chofer de remis y la agencia (5). Para llegar a esta conclusión, el Dr. Carlos Toselli en su voto consideró como hecho relevante que la utilidad o beneficio percibida por el agenciero era del 15% del total de lo facturado en concepto de comisión mientras que el 85% correspondía a los choferes de remis, quienes eran propietarios de los vehículos y debían cargar con los gastos de los mismos. Se tuvo en cuenta también que los choferes podían realizar otros viajes además de los asignados por la agencia. Según este voto, de dichos elementos surge entonces la falta de subordinación y ajenidad en los riesgos típicos de la relación laboral. 

En idéntico sentido resolvió la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo (6) al sostener que «.Valorando en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica la totalidad de los testimonios reseñados (conf. art.386 CPCCN y 90 LO), entiendo que está suficientemente acreditado que los actores no se comprometieron, esencialmente, a poner su capacidad personal a disposición de la sociedad demandada, sino que establecieron con Aérea SA un vínculo de carácter asociativo con el fin de brindar servicios de transporte a terceros (pasajeros). En el marco de dicha relación asociativa los actores no sólo aportaban un vehículo y se hacían cargo del gasto esencial para su funcionamiento (combustible) y de otros relacionados con la actividad (costo del servicio de comunicaciones) sino que, además, tenían una participación en la recaudación cuatro veces superior a la de la demandada. Tales circunstancias, obviamente, no reflejan las condiciones típicas de una relación dependiente; y, como se ha visto, el servicio contratado no requería de la prestación “personal” de los accionantes.» (7) 

Como se puede apreciar, las situaciones sobre las cuales se decidió en los fallos citados resultan de naturaleza similar a la relación entre el prestador y la plataforma, con la diferencia de que en el caso de las plataformas, tal como se mencionó anteriormente, no existe redireccionamiento hacia el prestador. 

7) En cuanto al poder sancionatorio de la empresa, cabe decir que el mismo no existe como tal, en los términos del art. 67 de la LCT, toda vez que para que se pueda dar es necesario que exista una relación de dependencia en la cual el empresario tiene el poder de dirigir y de exigir una cierta conducta del dependiente. En otras palabras, el hecho de que la empresa pueda excluir al prestador de la plataforma no obedece al poder sancionatorio sino a una medida en consecuencia de la violación de un parámetro objetivo preestablecido de antemano, es decir, que no tiene como objeto orientar la conducta del sujeto hacia una forma de producción específica, sino solamente que no se registren ciertas violaciones que hacen al correcto funcionamiento de la plataforma teniendo en miras principalmente la protección de los usuarios.Entendemos que esta situación no difiere de la existente en cualquier contrato de naturaleza civil o comercial, no necesariamente laboral, en los cuales existen ciertas cláusulas y pautas de conducta que las partes deben cumplir de buena fe y a las cuales se les asigna una consecuencia en caso de no cumplirlas, incluyendo la resolución del contrato por la conducta de una de las partes. 

Asimismo, y para finalizar este punto, cabe referir que las conductas en el caso de las plataformas móviles son sancionadas por el mercado, es decir los propios usuarios del servicio, quienes van a catalogar al prestador a través de la plataforma y en tal sentido direccionar el uso hacia aquellos prestadores que cumplen acabadamente con sus intereses. Las expresiones en el nuevo código civil y comercial de la nación respecto a cada contrato de comercialización relativas a la inexistencia de relación laboral, no hacen más que confirmar que la agobiante y sin fronteras jurisprudencia laboral está desconociendo estas figuras y, o bien por imperio del artículo 23 de ley 20744 sobre la presunción del contrato de trabajo, o por la solidaridad (arts. 29 a 31 LCT), conspiran de hecho a la extinción de estos acuerdos productivos que descentralizan, externalizan, y califican, en beneficio de los consumidores y usuarios, la prestación de los servicios comprendidos. 

IV. EL ART. 23 DE LA LCT 

Ahora bien, podría considerarse que la LCT presume que siempre que se acredite la prestación de tareas, en el caso del prestador de servicios de la plataforma mediante el cumplimiento de tareas utilizando como medio la aplicación móvil, se presumirá la relación de 

trabajo.Respecto del alcance de esta norma, somos partidarios de la tesis que sostiene que la presunción se dirige a la existencia del contrato y no de la relación (Justo López y Vázquez Vialard). En otras palabras, entendemos que debe presumirse que la relación de trabajo, demostrada su existencia, proviene de un contrato y no de otra fuente (8). 

Sin entrar de lleno en esta discusión que excede el presente trabajo entendemos que en el caso bajo estudio podría resultar operativa la segunda parte de la norma en cuanto establece que la misma puede ser desvirtuada cuando «por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario». 

En tal sentido, las circunstancias de hecho analizadas pueden demostrar la falta de configuración de subordinación en sus tres expresiones (dependencia técnica, económica y jurídica) y la falta de ajenidad en los riesgos. 

Es fundamental, para concluir con propiedad, simplemente comprender que el beneficiario del servicio es el usuario o consumidor, que éste a su vez paga por ello o bien en forma directa al prestador o bien en forma indirecta mediante la gestión de cobro por cuenta y orden lleva adelante la plataforma y por la que el prestador paga una comisión. Existe, de plano, una relación comercial, basada en una comisión que responde al uso de una plataforma ajena, uso de la marca ajena, provisión de clientela, gestión de cobro por cuenta y orden, etc. 

V. CONTRATOS COMERCIALES DE AGENCIA, COMISIÓN O INNOMINADO. 

A) Agencia. 

En la definición de estos contratos, los codificadores se han tomado el trabajo de tener que aclarar que no existe relación laboral, ello atento a alguna jurisprudencia del trabajo que, de replicarse, daría muerte a ese tipo de contrato. Así es que señala la norma que «Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, «sin que medie relación laboral alguna», mediante una retribución.El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito» (art. 1479 CCyCN). 

Que el precepto opte por descartar expresamente una naturaleza de relación jurídica no es casual ni atiende a notas similares que pueda presentar ese tipo de relaciones con el contrato de agencia, sino más bien se debe a una determinación del legislador de sustraer este tipo de relaciones del estatuto laboral al que alguna jurisprudencia ha querido someter y que tanto daño en algunos casos ha provocado. Vale decir que, en la práctica, existen sitios en donde los usuarios se dan de alta como agentes del sitio y promueven los negocios de éste contra el pago de una comisión variable conforme el valor o volumen de negocios promovidos. No hay más que adherir a los términos y condiciones del sitio para formar parte de su equipo de agentes virtuales. 

En contraposición a lo expresado, en el caso de Uber, Go, Rappi, Pedidos Ya, etc., el agente lo sería la plataforma que promueve los servicios de los prestadores y, una vez propuesto el negocio, éstos últimos aceptan y lo prestan individualmente, servicio por el que luego son puntuados por los usuarios. Contra la promoción del negocio efectivamente contratado corresponde el pago de una comisión por parte del prestador a la plataforma. 

B) Innominado (permiso de uso de plataforma y gestión de cobro). 

Sobre el particular, creemos se trata de un contrato comercial innominado, por el que el prestador se sirve de la plataforma y sus bondades para realizar una tarea (delivery, transporte, etc), abonando una comisión por ello.Vale decir que, del valor de la tarea realizada percibido al tercero usuario, el prestador debe reconocer un monto fijo o variable al sitio web a consecuencia del uso de la plataforma, la provisión del cliente, el uso de marca, la gestión de cobro por cuenta y orden del prestador que realiza la plataforma para el caso de que el cliente abone en el sitio con tarjeta de débito, etc. 

Lo que suele sostener a este encuadramiento es la explicación de cómo funciona la gestión de cobro, la distinción de los ingresos según las tareas que compete a las partes y la propiedad que sobre los mismos detentan cada una de ellas. Reiterando lo anteriormente expuesto, vale decir que el usuario del sistema abona al sitio web con tarjeta de crédito y débito, o directamente al transportista según el caso. En algunos casos, incluso, el transportista puede al adherirse al sistema optar porque los pagos solo sean en efectivo, supuesto en el cual es él quien percibirá el monto en forma directa y deberá abonar al sitio una comisión. Por su parte, para el caso de un pago con tarjeta, el sitio web es quien gestiona el cobro por cuenta y orden del prestador y, una vez percibido, le liquida a éste último el importe previa deducción de la comisión por los conceptos ya señalados (uso de plataforma, gestión de cobro por cuenta y orden, uso de marca, etc). Finalmente, el hecho de que si el prestador decide no prestar el servicio priva a la plataforma de la comisión, constituye otro elemento que aleja la relación de un encuadramiento laboral. 

El hecho de que todos los intervinientes en la cadena de comercialización sean responsables solidariamente frente al consumidor (art. 40 LDC), alude claramente a que se trata de una cadena de comercialización, no a un vínculo de naturaleza laboral.El análisis reviste cierta simpleza, pero es que no corresponde ampliar demasiado a fin de forzar los elementos característicos de la relación en aras de incluirla en el régimen del trabajo. ¿Por qué no puede pactarse este tipo de relación en forma libre y paritaria aun no estando reguladas? Lo comentamos en el punto seguido. 

VI. PRINCIPIO DE RESERVA Y LA AUSENCIA DE LA CALIFICACIÓN LEGAL 

Los formados en derecho hemos cr ecido bajo el principio de que aquello que no está prohibido, está permitido (art. 19 CN). Pero parece que en el último tiempo los ciudadanos se han vuelto un tanto incapaces de comprender el alcance de las relaciones que suscriben y la justicia laboral mediante el mal uso del principio de la realidad viene a protegerlos de todo pacto o acuerdo que hayan suscrito en «aparente estado de necesidad». La verdad es que la realidad económica compleja del país ha llevado a que muchos encuentren una fuente de ingreso genuina en estas modalidades de prestar servicios a través de un sistema de plataforma, pero ello no hace que cambie la naturaleza de la relación. Nadie es obligado a adherirse al sistema y quien lo hace comprende plenamente que no existe relación laboral. No puede alguien servirse de un sistema de contratación difuso (no está la oferta de prestar servicios dirigida a una persona, sino a la comunidad toda) durante todo un tiempo siendo el volumen de su prestación consecuencia directa de la evaluación que el mercado realiza de él, para luego arrepentirse y considerarse en relación de dependencia. Ello no solo contraría el acto propio y la buena fe, sino que también coloca al prestador en una situación de ignorante que no comprendía lo que hacía mientras duraba la relación.Ello no es así. Debemos entregar libertades a los ciudadanos pero también responsabilidades y hacerlos consecuentes con sus decisiones y actos, 

tomándolos por maduros al tiempo de contratar y entendiendo que en estos casos no existe presión alguna del sitio web, sin perjuicio de la situación económica de cada prestador. No hay precarización laboral, porque simplemente no hay relación laboral. 

Por su parte, el hecho de que el contrato no tenga un encuadre exacto en la normativa comercial no quiere decir que se suprima la autonomía de la voluntad y el régimen aplicable deba necesariamente ser el del trabajo. Estamos en una era en donde no existe la lex mercatoria o el ius mercatorum a nivel doméstico, sino que todo debe ser codificado, regulado y reglamentado para ser admitido. El acuerdo es plenamente válido conforme todo lo señalado precedentemente y las partes deben tenerse por capaces y maduras al tiempo de contratar, no pudiendo luego por una situación de conveniencia (ej.: los usuarios han calificado mal al prestador y éste ha visto mermada su cuota de mercado) derribar todo lo firmado, borrarlo con el codo y sacar provecho de un régimen tuitivo que no resulta aplicable. Finalmente, decimos que los contratos deben negociarse, celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y ello es la base de toda contratación (arts. 961, 991, ss y cc del CCCN), el de respetar el acuerdo originario que en nada se ha visto modificado durante la relación del prestador y la plataforma, sino por una forzada interpretación de una de las partes para obtener ventaja respecto de la otra y ampararse en un micro sistema de tutela. 

VII. LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. NUEVOS TIEMPOS 

Las leyes 27349 y 27506, sancionadas en el último tiempo, dan cuenta de un mercado que necesita de un derecho promotor de la actividad emprendedora y de la exportación de conocimiento en sus diversas manifestaciones.Con seguridad estas nuevas iniciativas se condicen con una realidad imperante que demanda respuestas fiscales positivas a los esfuerzos emprendedores. Es así que, por un lado, se le otorga al emprendedor en el primero de los instrumentos reseñados herramientas para la gestación, estructuración, financiamiento y expansión de su empresa, mientras que en el otro compendio se le aliviana la carga fiscal, laboral y previsional, entre otros, siempre que la actividad y el sujeto encuadren en los presupuestos establecidos, todo a fin de permitirle la reinversión de los resultados obtenidos y fomentar su crecimiento. 

La lógica que surge de los instrumentos legislativos referenciados y el deseo de protección del emprendedor y la empresa, se verán condicionadas y frustradas si el derecho laboral avanza sobre la autonomía de la voluntad en un país en donde la carga fiscal y los costos laborales son superlativos. Sin perjuicio de éste análisis, creemos en coherencia con lo antes señalado que la situación económica circunstancial de un país no hace cambiar la naturaleza de la relación jurídica, la cual se mantiene fuera del alcance del derecho del trabajo. Sin perjuicio de ello, fallos como el del tribunal de justicia de la unión europea del mes de Diciembre de 2017 en el caso «Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain, S.L. Asunto C-434/15», en donde se estableció que Uber no era una empresa de servicios de la información, sino una empresa de transporte, creemos en absoluto agreden nuestros postulados. Ya hemos referido en numerosas oportunidades que el servicio de remis se asimila al de Uber, por lo que en nada modifica esta postura del tribunal comunitario lo aquí señalado. 

VIII. JURISPRUDENCIA LOCAL Y COMPARADA 

Hoy en día, contrariamente a lo que algunos intentan sostener, no existe certeza del encuadramiento de estas relaciones en la ley 20744.Es así que la jurisprudencia local ha 

sostenido mediante un planteo cautelar autosatisfactivo que no existe verosimilitud en el derecho que justifique la medida, por lo que la misma no puede ser concedida hasta no revisada la cuestión de fondo y la naturaleza de la relación (9). Esta jurisprudencia de cámara vino a dejar sin efecto la apresurada resolución del juez de grado en donde, preliminarmente y de manera cautelar, se le otorgó a los prestadores la reincorporación a la plataforma luego de haber sido bloqueados (10). En relación al encuadramiento por la jurisprudencia nacional respecto del servicio de remis y afines, nos remitimos a lo ya analizado. 

Por su parte, en relación a la jurisprudencia comparada, cabe realizar un paneo sobre el estado de situación también incierto. Es así que, como se ha señalado anteriormente, decimos que la postura sostenida por el TJUE en la cuestión prejudicial relativa al asunto C-434/15, «Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain, SL», en cuanto a que Uber es una empresa de transporte, no modifica el análisis propuesto que en numerosos apartados ha citado el ejemplo del servicio de remis como un contrato de agencia. El hecho de que sea considerado un servicio de transporte, simplemente lo vincula aun más con el ejemplo y paralelismo propuesto en el presente.Por otro lado, en estados unidos de américa existe jurisprudencia de la más diversa a este respecto, ya que por un lado se ha sostenido que Uber no ejerce control sobre los conductores y que, por tanto, falta un elemento constitutivo de una relación de trabajo (11). Este mismo criterio fue sostenido por un tribunal francés (12). 

Por otro lado, se ha afirmado en otra jurisprudencia norteamericana que el hecho de que la plataforma postergue, aperciba o bloquee a los prestadores, es una nota clara de una relación laboral (13). Sobre esto último, reiteramos que la posibilidad de imponer ciertos correctivos no es una prerrogativa exclusiva de los contratos laborales, sino también comerciales, tales como los contratos de distribución (concesión, agencia, franqucia, etc). 

Asimismo, en Reino Unido, también se han visto favorecidas las tendencias por laboralizar la relación, entendiendo que el conductor acepta un contrato de trabajo al adherir a los términos de Uber (14). 

IX. CONCLUSIÓN 

La economía de plataformas, caracterizada por una gran cantidad de nuevos modelos de negocio, ha despertado nuevos planteos en la realidad jurídica. En el derecho del trabajo se discute acerca de la laboralidad del vínculo entre prestador del servicio subyacente y empresa proveedora de la plataforma. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se han desarrollado las características principales de la relación laboral en el derecho nacional y hemos observado que existen ciertas notas que obstarían al concepto de subordinación: 

a) Dependencia jurídica: la misma no estaría configurada en tanto no existe poder sancionatorio por parte de la empresa, la cual solo se limita a controlar ciertas pautas objetivas. Hemos referido también a la no aplicación del deber de no concurrencia (típico de una vínculo laboral) a este tipo de relaciones 

b) Dependencia técnica: hemos podido referir que no existe facultad de la empresa para exigir el cumplimiento de horarios por parte de los prestadores.Hemos analizado también que las características propias del servicio hacen que se deban respetar las condiciones de prestación establecidas por la plataforma en orden a la transparencia ante el usuario pero que en modo 

alguno ello constituye un indicio de laboralidad. Por su parte, vimos que no existía redireccionamiento en forma personal hacia los prestadores. 

c) Dependencia económica: hemos visto que no solo no existe remuneración sino que también son los prestadores quienes deben abonar a la empresa por el uso de la plataforma. 

Asimismo, vimos que si bien en principio sería aplicable la presunción consagrada en el art. 23 LCT, la misma podría ser desvirtuada en función de las circunstancias propias de la relación. 

Finalmente, hicimos referencia a la posibilidad de calificar al contrato entre prestador y empresa proveedora de la plataforma como un contrato asociativo el cual en la gran mayoría de las veces se instrumenta mediante un contrato de adhesión. 

X. BIBLIOGRAFÍA 

-Asesoría técnica parlamentaria, Biblioteca Congreso Nacional de Chile, «Uber y conductores. Legislación comparada sobre relación laboral», Octubre 2018. 

-CIPPEC (2018). Ciudad digital: Claves para entender la Economía Colaborativa y de plataformas en ciudades, Buenos Aires: CIPPEC. 

– LITTERIO, Liliana Hebe, Trabajadores «plataforma-dependientes» EL CASO DE RAPPI, GLOVO Y PEDIDOSYA, Revista La Ley, 20/03/2019, AR/DOC /536/2019. 

– RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, Ley de Contrato de trabajo comentada, concordada y anotada Tomo II, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2013. 

-SCHIEL, Eduardo O., El derecho laboral y sus deformaciones: Del principio protectorio a la híper tutela, la intervención del estado y la necesidad de una adecuación normativa, Doctrina Laboral y Previsional, Errepar, Mayo 2019. 

-SIERRA BENÍTEZ, Esperanza M., Teletrabajo, uberización y robotización del trabajo: propuesta para un derecho del trabajo consistente (sólido, estable y duradero), Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, Mayo 2018. 

XI.JURISPRUDENCIA 

Argañaraz Carlos Alberto c/ Gonzalez Carlos Alberto y otro s/ ordinario despido, Sala X Cámara del Trabajo de Córdoba, MJ-JU-M-33294-AR. 

Martínez Carlos Hugo y otros c/ Aérea S.A. otros s/ despido, Sala II Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, MJ-JU-M-61474-AR. 

Giaquinto Roberto Alfredo c/ García Angélica Beatriz y otro s/ despido, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IX, MJ-JU-M-35083-AR; 

Cristallo, Lázaro Cayetano c/Autoempresa SRL y otro s/despido, Cámara Nacional del Trabajo – Sala X – 17/05/2012 – Cita digital IUSJU202619D; 

Díaz, Héctor Daniel c/Dall’Oro, Ángel Salvador y otro s/despido – Cámara Nacional del Trabajo 

– Sala I – 27/03/2013 – Cita digital: IUSJU212881D 

ROJAS LUIS, ROGER MIGUEL Y OTROS c/ RAPPI ARG S.A.S s/MEDIDA CAUTELAR, CNAT, Sala IX, 19-07-19. 

Razak, and Khaldoun v. Uber Technologies, Inc., and Gegan, LLC. Causa N°. 16-573. 

Florian Ménard v. SAS Uber France, Uber B V. Causa F 16/11460. 

Appeal Board Nro. 596722, NY Taxi workers Alliance vs. Uber technologies Inc. 

Uber London LTD, Uber Britannia LTD v. Aslam, Farrar, Dawson y otros. Apelación N° UKEAT/0056/17/DA 

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(1) Ver Programa de Ciudades de CIPPEC (2018). Ciudad digital: Claves para entender la Economía Colaborativa y de plataformas en ciudades, Buenos Aires: CIPPEC. 

(2) SCHIEL, Eduardo O., El derecho laboral y sus deformaciones: Del principio protectorio a la híper tutela, la intervención del estado y la necesidad de una adecuación normativa, Doctrina Laboral y Previsional, Errepar, Mayo 2019. 

(3) James Farrar y Yaseen Aslam v. Uber, citado por De Diego, Julian en El caso «Uber» y la naturaleza jurídica de la relación con los choferes EMPLEADOS DEPENDEIENTES O TRABAJADORES AUTÓNOMOS, Revista La Ley, 12/06/2017, AR/DOC/1429/2017.(4) LITTERIO, Liliana Hebe, Trabajadores «plataforma-dependientes» EL CASO DE RAPPI, GLOVO Y PEDIDOSYA, Revista La Ley, 20/03/2019, AR/DOC/536/2019. 

(5) Argañaraz Carlos Alberto c/ Gonzalez Carlos Alberto y otro s/ ordinario despido, Sala X Cámara del Trabajo de Córdoba, MJ-JU-M-33294-AR. 

(6) Martínez Carlos Hugo y otros c/ Aérea S.A. otros s/ despido, Sala II Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, MJ-JU-M-61474-AR. Ver también Giaquinto Roberto Alfredo c/ García Angélica Beatriz y otro s/ despido, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IX, MJ-JU-M-35083-AR; Cristallo, Lázaro Cayetano c/Autoempresa SRL y otro s/despido, Cámara Nacional del Trabajo – Sala X – 17/05/2012 – Cita digital IUSJU202619D; Díaz, Héctor Daniel c/Dall’Oro, Ángel Salvador y otro s/despido – Cámara Nacional del Trabajo – Sala I – 27/03/2013 – Cita digital: IUSJU212881D 

(7) Del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo. 

(8) RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, Ley de Contrato de trabajo comentada, concordada y anotada Tomo II, 2a edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2013, pág 59. 

(9) CNAT, Sala IX, en autos ROJAS LUIS, ROGER MIGUEL Y OTROS c/ RAPPI ARG S.A.S s/MEDIDA CAUTELAR, 19-07-19.
(10) Juzgado Nac. de 1era Inst. en lo laboral, en autos: ídem anterior. 

(11) Razak, and Khaldoun v. Uber Technologies, Inc., and Gegan, LLC. Causa N°. 16-573. 

(12) Florian Ménard v. SAS Uber France, Uber B V. Causa F 16/11460. 

(13) Appeal Board Nro. 596722, NY Taxi workers Alliance vs. Uber technologies Inc. 

(14) Uber London LTD, Uber Britannia LTD v. Aslam, Farrar, Dawson y otros. Apelación N° UKEAT/0056/17/DA 

(*) Doctor en Derecho y Cs Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Master en Derecho Empresario por la Universidad Austral, Master en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, Abogado y Escribano por la Universidad Blas Pascal, habiendo recibido premiaciones y reconocimientos en los distintos posgrados. Es profesor de grado y posgrado en Derecho Privado IV (Societario), Derecho de Autor y Derecho de la Competencia en la Universidad Nacional de Córdoba, Profesor de Derecho de la propiedad intelectual y Derecho Registral en la Universidad Blas Pascal, miembro de la lista de árbitros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Investigador categorizado, autor de libros y numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad, conferencista invitado, abogado litigante, Socio titular y director del departamento corporativo en el despacho «SALA MERCADO – Abogados y Contadores», y es Coordinador y profesor de la Maestría en Derecho Empresario que dicta la Universidad Blas Pascal de Córdoba. 

(**) Abogado y Maestrando en Derecho Empresario en la Universidad Austral. 

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